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El Gobierno regula los riesgos laborales por exposición a campos electromagnéticos

El Gobierno regula los riesgos laborales por exposición a campos electromagnéticos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

La nueva norma incorpora al Derecho español el contenido de una Directiva Comunitaria del 26 de junio de 2013 sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos), de manera que tales riesgos se eliminen en su origen o se reduzcan al nivel más bajo posible.

El Real Decreto constituye un instrumento de gran utilidad, dado que es aplicable en múltiples sectores y actividades, con lo que se mejoran las condiciones de seguridad y salud de un amplio número de trabajadores. Por todo ello, supone un avance significativo respecto de la situación actual.

Entre las principales novedades, este Real Decreto específica los valores límite de exposición, al tiempo que establece la obligación del empresario de elaborar y aplicar un plan de acción que incluya medidas técnicas y organizativas que impidan que se superen esos valores.

También recoge derechos básicos de los trabajadores en materia preventiva, como son la formación e información, la vigilancia de la salud o el derecho a ser consultados y a participar en los aspectos relacionados con la prevención, así como el régimen sancionador por incumplimiento.

Con esta norma se completa la regulación sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos. Además, se trata de la última normativa, puesto que el resto de los agentes físicos (ruido, vibraciones y radiaciones ópticas) ya cuentan con regulaciones específicas.




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3 pensamientos en “El Gobierno regula los riesgos laborales por exposición a campos electromagnéticos

  1. perfilMAIL

    Las claves tras su lectura.
    • El nuevo Real Decreto, como no podía ser de otra forma, está muy en línea con lo indicado en la Directiva 2013/35/UE.
    • Se tienen en cuenta los efectos biofísicos directos (efector térmicos, no térmicos y corrientes en las extremidades) y los efectos indirectos (interferencias marcapasos, activación detonadores, etc.). No se abordan los posibles efectos a largo plazo (artículo 3.2).
    • Los Valores Límites de Exposición (VLE) y los Niveles de Acción (antes llamados Niveles de Actuación) son exactamente iguales.
    • Si se cumple los NA ello implica que se cumple los VLE (artículo 5.3).
    • Si supero los NA debo de elaborar un Plan de Acción (artículo 4).
    • Todas las empresas en España tendrán la obligación de realizar una Evaluación de Riesgos que analice la exposición frente al riesgo que presentan los CEM.
    • Sólo los Técnicos Superiores en PRL con la especialidad de Higiene Industrial podrán realizar las citadas evaluaciones.
    • El que sea una Evaluación de Riesgos Básica o más Específica dependerá básicamente de los Equipos de Trabajo con los que trabaje la empresa.
    • Una buena guía para justificar la Evaluación Básica puede ser la NTP- 894 sobre aplicación de la UNE-EN 50499:2009: “Procedimiento para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos”.
    • En ningún caso se podrán superar los Valores Límites de Exposición (VLE) con las excepciones indicadas en el artículo 5 (apartados 3a, 3b, 4a y 4b) o bien que se pueda justificar que se cumple con los puntos indicados en el artículo 11a o 11c: “circunstancias debidamente justificadas”
    • Circunstancias debidamente justificadas: son todas estas:
    o La Evaluación de Riesgos muestra que hemos superado el VLE.
    o Que dado del estado de la técnica, se han aplicado todas las medidas técnicas y/o de organización.
    o Se han tenido en cuenta las características del lugar de trabajo, el equipo de trabajo o las prácticas de trabajo.
    o Demostrar que los trabajadores siguen estando protegidos contra los efectos adversos para la salud mediante el uso de normas y directrices comparables, más específicas y reconocidas internacionalmente.

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