CCOO denuncia la situación de “esclavitud” que sufren los inmigrantes ilegales que “desarrollan jornadas de trabajo de entre 12 y 14 horas”
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene previsto este año “multiplicar” el número de expedientes contra los empresarios de la región que incumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en el pasado año ascendió a un total de 214 actuaciones.
Así lo indicó hoy el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, tras reunirse -en compañía del fiscal coordinador de Salud Laboral, Antonio Camacho- con una delegación del sindicato CCOO de Madrid, encabezada por su secretario general, Javier López, y su responsable de Salud Laboral, Gregorio Benito. Fernández Bermejo no cuantificó el número de expedientes que podría abrir su departamento durante este año, al considerar que esta estimación es todavía “precipitada”, pero destacó la importancia de su número en relación con las actuaciones que se llevaban a cabo hace cinco años, que, según dijo, “eran más o menos cero”.
Aunque reconoció que en los últimos años “se están logrando cosas” en la persecución de los empresarios que incumplen la ley, el fiscal jefe de Madrid destacó la “dificultad de sensibilizar a determinados operadores jurídicos, a los que les cuesta todavía entender la gravedad de los accidentes laborales y del tráfico ilegal de mano de obra”. Con respecto a esta última cuestión, Fernández Bermejo criticó el “estado de debilidad social” que, en su opinión, provoca el establecimiento de una relación directa entre la inmigración y la delincuencia. “Es un planteamiento enormemente injusto -señaló-, escaso, superficial, frívolo y trivial”.
Perseguir la esclavitud
Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid puso el acento en la situación de “esclavitud” que sufren los inmigrantes que, sin disponer de permisos de trabajo o residencia, “desarrollan jornadas de trabajo de entre 12 y 14 horas”, en lo que calificó como “un tráfico de seres humanos similar al que ejercían los caciques en las plazas de los pueblos”. López solicitó a la Delegación del Gobierno mayores medios para combatir el “tráfico de esclavos y no sólo el top manta”, en alusión a la venta ilegal de discos compactos que realizan muchas de estas personas. Asimismo, criticó la expulsión de los inmigrantes ilegales porque, a su juicio, supone “perder la prueba por la que los empresarios podrían ser conducidos a la cárcel”.
En estos términos, recordó que el perfil del trabajador que sufre un accidente laboral en la Comunidad de Madrid se corresponde con “una persona joven, con baja cualificación y con un contrato temporal”, y destacó que el 90 por ciento de los convenios colectivos firmados en la región incorporan cláusulas en materia de prevención, muy por encima de la mitad que incluye la revisión salarial o el 20 por ciento que contempla disposiciones en materia de igualdad de oportunidades. Durante el pasado año se emitieron en la región un total de seis condenas contra empresas que incumplieron la ley en materia de salud laboral, lo que supuso penas conjuntas de 15 años de cárcel para un total de 18 personas. En todo caso, ninguna de ellas ingresó en prisión al ser las penas inferiores a dos años y no tener los condenados ningún tipo de antecedente.
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