El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciado los preparativos para aplicar la Ley de Subvenciones a las acciones de prevención de riesgos laborales, lo que supondrá someter a libre concurrencia las subvenciones estatales para este tipo de actuaciones que actualmente se canalizan a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Esta reforma implica implantar un nuevo modelo de gestión de la Fundación, en el que seguirán participando los agentes sociales, pero en el que ya no serán “juez y parte” en la adjudicación de las subvenciones. Sí podrán participar, en competencia con las empresas privadas, en los concursos públicos que se convoquen para la ejecución de los programas sectoriales y territoriales programados.
Se trata de “adaptar el sistema a la legislación sobre subvenciones que se aprobó el año pasado para que sea más eficiente y eficaz”, explican responsables del Departamento que dirige Fátima Báñez. Para ello y al igual que ocurriera con la formación, los técnicos del Ministerio seguirán las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y se discutirá con las organizaciones empresariales y los sindicatos dentro de la mesa del diálogo social.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se creó en cumplimiento de la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, y para su financiación la Secretaría de Estado de la Seguridad Social fija anualmente la cuantía de las aportaciones patrimoniales a la misma con cargo al 80% del excedente de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo.
Durante el ejercicio de 2015, la Administración General de Estado aportó a la Fundación 25.760.000 euros, según consta en el Informe de Auditoría de las cuentas anuales de último ejercicio. De ellos, 15 millones de euros corresponden a la actividad ordinaria de la misma y 10.760.000 euros a la aportación para financiar, mediante subvenciones, donaciones y legados el desarrollo de los programas incluidos en el Plan de Acción para el periodo 2015.2016.
El objeto de la Fundación para la Prevención de Riesgos es promover la mejora de la condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Para el gobierno de la Fundación se constituyó un Patronato, que asume también las funciones de representación y de administración, integrado por 103 miembros, de los que 52 corresponden a la Administración General del Estado, mientras que las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y los sindicatos tienen 17 miembros cada uno de ellos.
La representación de las organizaciones empresariales corresponde a CEOE y a Cepyme, mientras que por parte sindical se reparte entre Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Intersindical Galega CIG, y el sindicato vasco ELA.
El citado Informe de Auditoría de las cuentas de 2015 recoge ya en su Memoria que tras la entrada en vigor de la nueva redacción de la disposición adicional decimosexta de la Ley General de Subvenciones, las entregas dinerarias que realice la Fundación tendrán la consideración de subvenciones y las bases reguladoras habrán de aprobarse por los órganos de la administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente.
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