La fiscalía solicita una pena de un año y tres meses de prisión y prohibición para ejercer como empresario durante dos años.
El accidente mortal se registró sobre las 8.15 horas del 11 de diciembre del 2007 cuando la víctima se encontraba trabajando en la empresa de la que el procesado era apoderado general y coordinador de las medidas de seguridad, “siendo responsable del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales”. El ministerio público sostiene que la trabajadora “no vestía con la bata habitual prevista en el plan de riesgos y llevaba una bufanda”.
A esta situación se suma que la víctima “carecía de la formación necesaria para realizar su trabajo”, si bien lo hacía “con la tolerancia del acusado y sin que hiciera nada para evitarlo”. A diferencia del resto de compañeras, ni siquiera se le entregó un dosier sobre riesgos.
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