Los fabricantes de productos que contengan amianto disponen de seis meses para sustituir este material peligroso por otro menos nocivo. Aunque su venta se prorrogue otros seis meses más, a finales de este año no se encontrará amianto en el mercado. Así se desprende de una orden del Ministerio de Sanidad que, aplicando las disposiciones de la Comisión Europea, se adelanta en tres años al plazo previsto por la Unión Europea.
El amianto es un material, del aspecto de un tejido, elaborado a partir de asbestos, unos minerales que en su forma natural presentan el aspecto de paquetes de fibras. Aunque se usaba ya en la antigüedad para la fabricación de mechas de lámparas, fue a comienzos del siglo XX cuando su alta resistencia al calor hizo que se empezará a producir industrialmente para la fabricación de losetas, tableros o tubos a presión, como aislante térmico en calderas o tubos, como protección contra incendios de tabiques y vigas, y para la mejora de la resistencia al fuego de la celulosa y otros materiales. «Ahora se utilizan otros aislantes, pero el amianto llegó a emplearse en mangos de sartenes, pucheros y otros útiles de cocina», explica Martín Olazar, catedrático de Ingeniería Química.
El polvo de amianto
El problema reside en que su manipulación conlleva la liberación de un polvo cristalino muy fino que acaba alojándose en los pulmones de los trabajores, provocando fibrosis o cáncer, entre otras patologías. Estos efectos nocivos se constataron en los años ochenta del siglo pasado. «Esta demostrado científicamente que la inhalación de polvo de amianto provoca cáncer de pulmón», asegura Josep Catalá, ingeniero químico y doctor en Biología, quien añade que, como el polvo se libera durante su manipulación, la población de riesgo se circunscribe a los trabajadores de empresas que han elaborado productos a partir de asbestos. De hecho, abestosis es el nombre que recibe la «grave enfermedad profesional» que pueden padecer quienes trabajar con amianto.
El colectivo de posibles afectados abarca, así, a los operarios de las 314 firmas españolas -una de ellas, Uralita, ubicada en Valladolid- inscritas en Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), aunque cabe la posibilidad de que se trate de más personas ya que, según los sindicatos, compañías que han trabajado con este material pueden haber eludido el registro. Según el Centro Nacional de Epidemiología, entre 1989 y 1995, se registraron en España más de 400 fallecimientos anuales derivados del contacto con fibras de amianto y, según CCOO, las previsiones apuntan, en los próximos treinta años, a medio millón de muertos en Europa, de los 55.000 serán españoles.
Conflicto en Valladolid
Entre esas muertes se cuenta la de un trabajador de la empresa vallisoletana Fibrocementos del Grupo Uralita, ocurrida el 23 de abril de 2000. La muerte de este empelado, de 35 años de edad, movilizó a sus compañeros durante el juicio quienes solicitaban que se reconociera como enfermedad laboral.
Tras este conflicto, el Grupo Uralita inició la inversión de 48,08 millones de euros (8.000 millones de pesetas) en la reestructuración y transformación tecnológica de sus factorías.
La orden ministerial incluye disposiciones adicionales referidas tanto a la situación de los trabajadores que han estado expuestos a este material, como a la evaluación de las estructuras y edificios que contienen esa fibra como elemento constructivo.
CCOO ha mostrado su satisfacción por la medida adoptada por el Ministerio de Sanidad adelantándose a las normativas comunitarias y ha recordado que, después de esta prohibición, se deberán poner en marcha otras disposiciones para conseguir la desaparición del amianto de muchos materiales y para concretar la vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
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