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El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, condenado a pagar 10.000 euros a un trabajador por un accidente laboral

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, condenado a pagar 10.000 euros a un trabajador por un accidente laboral

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria a indemnizar a un bombero con 10.000 euros por los daños sufridos por la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte del Consorcio.

Según explica el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el 18 de septiembre de 2017 el bombero presentó una demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Consorcio al sufrir lesiones de diversa índole tras el accidente sufrido por el camión en el que se desplazaba a un servicio y el cual carecía de sistemas de retención –cinturones de seguridad en su parte trasera-, lo que motivó que el trabajador saliera despedido del vehículo.

"Esta situación se produjo a pesar de que los delegados de prevención llevaban años denunciando esta situación e, incluso, después de una evaluación de riesgos del vehículo que obligaba a adoptar medidas. Sin embargo, el Consorcio continuó sin adoptar ninguna medida de seguridad que evitara que los bomberos salgan despedidos", apunta el sindicato.

"Se trataba de algo tan simple como poner sistemas de retención conforme a la consideración de que los vehículos de bomberos son considerados equipos de trabajo conforme a la ley de prevención y riesgos laborales", resalta.

El propio Consorcio, a través de su oficial del servicio dictó, con posterioridad al accidente, una instrucción que prohíbe el uso de la parte trasera de los vehículos que carezcan de este sistema de seguridad, por lo que, “una vez más, se espera a que ocurra un accidente para adoptar medidas”, señala CCOO.

La propia sentencia recoge que se sanciona al Consorcio a abonar la cantidad solicitada -10.000 euros más intereses - por una infracción a la normativa de prevención y riesgos laborales y se le impone el recargo de prestaciones.

Según los delegados de prevención, ahora se abrirá la vía penal con la que se va a solicitar que se depuren responsabilidades penales sobre aquellas personas que, siendo conocedores de las deficiencias y teniendo la responsabilidad de solventarlas, omitieron adoptar algún tipo de medida que evitase el accidente.

Los representantes de los trabajadores aseguran que esto “no ha hecho más que empezar”, dadas todas las denuncias interpuestas en materias de prevención y la querella que el propio colectivo está preparando para su presentación.




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