CC.OO. ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la Administración General del Estado y contra las medidas correctoras de incumplimientos en este ámbito.
La Federación de Administración Pública de CC.OO. criticó hoy en un comunicado que el Real Decreto 707/2002 de 19 de julio, por el cual se aprueba dicho reglamento, impide que un empleado público pueda denunciar a la Administración cuando incumpla la normativa de salud laboral, y tan sólo puedan hacerlo los representantes de los trabajadores.
En esta línea, no podrá haber denuncias en aquellos centros donde no haya delegados sindicales, lo que constituye un “agravio comparativo” frente a los trabajadores de las empresas privadas que sí pueden denunciar los incumplimientos de las compañías en materia de prevención de riesgos, según CC.OO.
El sindicato denuncia que el reglamento “es una clara salvaguarda” de la Administración ante sus actuaciones “irregulares” en materia de salud laboral.
Además, CC.OO. asegura que el decreto recurrido ante el Supremo adopta diferentes medidas que “pretenden disuadir a los representantes de los trabajadores de poner denuncias” y les obliga, previamente, a una serie acciones como la realización de informes de los comités de seguridad y salud “que hacen muy dificíl la denuncia”.
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