Comisiones Obreras ha acusado de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros de enseñanza de Canarias a la Consejería de Educación regional, a la que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo con el propósito de obligarla a rectificar.
Conseguir que la Consejería amplíe al menos hasta quince empleados su plantilla de técnicos en seguridad laboral, que integran actualmente solo tres personas de las cuales dos han estado en algunos periodos de baja simultáneamente, con lo que solo ha habido uno operativo, y que se elaboren las evaluaciones de riesgos y los planes de prevención de todos los centros son sus objetivos.
Ejemplo de ello es, según ha expuesto como portavoz de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Canarias Juan Antonio González, la situación de colegios repartidos por todo el archipiélago que todavía conservan las planchas de uralita instaladas en sus techos hace décadas pese a que hace años se descubrió que contienen un material tóxico.
Aunque en muchos casos se dijo desde la Consejería que se iba a actuar para eliminar ese material nocivo de los centros, más de media decena de ellos siguen a la espera de que se retire de sus instalaciones la uralita o se aisle correctamente, en casos en que se optó por encapsular las planchas al ser más barato que quitarlas y no se hizo bien, solo en Gran Canaria, ha asegurado.
Y ha añadido que lo mismo ocurre en escuelas o institutos de las demás islas, sin que se solucione la situación ni siquiera en algunos lugares donde se anunció que se iban a tomar medidas desde hace un lustro.
González ha sostenido que ese es solo uno de los peligros que se dan en los centros de enseñanza públicos del archipiélago, pero que existen otros, como la carencia de protocolos de evacuación en caso de emergencia fiables.
Ello se debe, de acuerdo a su planteamiento, a que los responsables educativos del Gobierno canario no han impulsado la elaboración de las evaluaciones de riesgos laborales y de los consiguientes planes de prevención a los que están obligados por ley.
Ya que, según Comisiones Obreras, lo que se ha hecho es nombrar en cada colegio como responsable de prevención a uno de los docentes que trabajan allí sin que tengan una formación que les capacite para ello, con lo cual no pueden asumir esa labor con garantías.
De ese modo, se está poniendo en peligro a un colectivo de docentes que suma unas 22.000 personas en toda Canarias, así como a los alumnos a su cargo y al resto de la comunidad educativa, ha declarado otro de los representantes del sindicato, Juan Viera.
Este portavoz ha recordado, además, que su organización ya alertó de esa situación con una denuncia anterior que presentó por las mismas razones en 2014 y que dio lugar a un acuerdo de conciliación suscrito con la Consejería, que se comprometió entonces a incrementar el número de sus técnicos en seguridad laboral y a promover la elaboración de planes de prevención centro a centro.
Ese compromiso, sin embargo, aún no se ha cumplido pese a que casi han transcurrido tres años desde entonces, ha recalcado Viera, que ha añadido que, por ello, su sindicato ha decidido recurrir de nuevo a la Inspección de Trabajo, con la esperanza de que así el Gobierno de Canarias se vea obligado a hacerlo.
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