Según cuatro sentencias de los últimos dos meses (que incluyen a cinco trabajadores afectados, cuatro de ellos ya fallecidos por enfermedades derivadas del amianto) la actual empresa propietaria deberá hacerse cargo de sus compensaciones, ya que compró al antiguo propietario, también fabricante de fibrocemento y no tomó las medidas de seguridad necesarias para proteger a sus trabajadores. Las indemnizaciones suman un total de más de 780.000 euros.
La enorme factoría, que empleaba a cerca de 600 personas en los sesenta en Castelldefels y que pocos años antes de cerrar (en 1982) fue absorbida por el anterior fabricante, ocupaba medio pueblo. Parte de sus trabajadores padecen asbestosis o cánceres de pulmón. El Colectivo Ronda, que se encarga de la defensa de éstos antiguos empleados afectados por el material (actualmente prohibido) tiene otras 20 causas de enfermos o fallecidos aún pendientes de sentencia. Marta Barrera, abogada de la agrupación, explicó que estas cuatro sentencias relacionadas con la fábrica de Rocalla son muy trascendentales, ya que demuestran que el actual propietario debe hacerse cargo de las enfermedades también de Castelldefels (y no sólo de las de Cerdanyola del Vallès, donde tiene decenas de casos abiertos por la fábrica de fibrocemento que tenía en esa localidad y que siempre fue de su propiedad).
Las decisiones judiciales acreditan que “la empresa era consciente del peligro al que exponía a sus trabajadores y no hizo nada para que no pasase lo que ha pasado, por lo que muchos han muerto y muchos están enfermos”, dicen los abogados. El fabricante siempre que ha salido alguna sentencia en su contra ha defendido que ellos cumplieron en todo momento “escrupulosamente con la legislación vigente en cada momento, incluso adelantándose a las medidas de manera voluntaria”.
Tanto Barrera como otro de los letrados del Colectivo, Miguel Arenas, han querido subrayar que, pese a las sentencias, los afectados no cobrarán la indemnización de momento. “El fabricante tiene todas las sentencias recurridas. De hecho, en Cataluña, pese a que tiene denuncias desde los años setenta en Cerdanyola, nunca ha pagado ninguna indemnización todavía, ya que alarga los procesos judiciales todo lo que puede”, señaló Arenas. “Parece que su estrategia (de la empresa) es que pase el tiempo y los afectados vayan muriendo” por asbestosis o cáncer de pulmón, dos dolorosas y crueles enfermedades que se han asociado a la exposición con el amianto, ha indicado el abogado. Añadió que no piensan rendirse y que llevarán los casos hasta el Tribunal Supremo si es necesario.
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