La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en Castilla y León (ITSS) detectó el pasado año un total de 6.644 infracciones en materia de trabajo, seguridad y salud laboral, empleo de extranjeros y seguridad social, lo que supone un incremento del 21,7 por ciento respecto al año anterior, cuando se registraron 1.184 irregularidades menos.
Aunque el incremento de las infracciones se produjo en todas las áreas, es significativo el despunte en materia de contratación de inmigrantes, donde se dobló el número de fraudes cometidos durante 2006 respecto a 2005, pasando de las 376 a las 772 infracciones. Un aumento que, según el sindicato CC.OO., que analizó ayer estos resultados en Valladolid, se debe más que a la eficacia de la inspección y a la diversificación de las campañas, al importante incremento del fraude en todas las áreas, y principalmente en ésta última.
Según los datos facilitados por el sindicato, durante 2006 se efectuaron casi 35.000 visitas a distintas empresas, con un incremento del 9,9 por ciento y se ejecutaron más de 116.000 actuaciones, lo que supone 1.223 menos que el año anterior. En cuanto al número de actas levantadas por tales infracciones, éste se incrementó a 5.076, suponiendo una subida del 18,9 por ciento respecto a 2005 y elevando el número de trabajadores afectados a los 30.784. De esta forma, el importe recaudado ascendió a más de 12 millones de euros, casi tres millones más que en 2005.
Por provincias, del importante incremento de infracciones sólo se salvó Ávila, la única en la descendió el número de fraudes, pasando de 391 a 328. León fue en cambió la provincia que lideró este ranking que el secretario de Empleo de CC.OO., Saturnino Fernández, calificó como «negativo», al incrementarse un 23,2 por ciento las infracciones cometidas.
Tras enumerar las cifras globales, la técnico de la Secretaría de Empleo y Formación de CC.OO., Beatriz Sanz, desgranó una a una las áreas afectadas. Así, en materia de trabajo, -«aquella que mira las condiciones laborales en cuanto a salarios, convenios colectivos y horas extraordinarias», explicó- cuyas infracciones supusieron un 9 por ciento del total, se detectaron 598 delitos, aumentando un 39,1 por ciento respecto al año anterior. En este sentido, recordó que la Inspección obligó a transformar a indefinidos más de 3.200 trabajos temporales.
Respecto al área de seguridad y salud laboral, que engloba los accidentes de trabajo, así como las máquinas y equipos de protección, se detectaron hasta 2.362 infracciones -un 43,8 por ciento del total-, 113 más que en el año anterior.
El segundo puesto en este particular ranking de infracciones laborales se lo lleva el área de la Seguridad Social acaparando casi la mitad del total (un 43,8 por ciento). En esta materia, Sanz explicó que se habían registrado casi 3.000 infracciones, incrementándose un 22,1 por ciento. Asimismo, añadió que las inspecciones realizadas en esta área obligaron a las empresas a promover 2.510 altas de trabajadores en la Seguridad Social que no lo estaban.
Sin embargo, el liderazgo de esta trágica cuenta se lo llevan los fraudes registrados en las condiciones de empleo de los inmigrantes y que se detectan, por lo tanto, en aquellos sectores donde son más demandados: en primer lugar, la construcción, seguida de la hostelería y el trabajo en el hogar. En este sentido, Sanz cifró en un 95 por ciento el incremento de las infracciones que afectaron a 2.825 trabajadores. Un aumento que según el secretario de Empleo y Formación de CC.OO. en la región, Saturnino Fernández, se debe a «un aprovechamiento masivo de los empresarios de una mano de obra barata, mal regulada y mal pagada». Al respecto Fernández denunció la «explotación casi feudal» de los extranjeros. «Tenemos accidentes laborales muy graves de trabajadores inmigrantes que ni siquiera tenían un contrato».
Por último, el secretario de Salud Laboral del sindicato, Mariano Sanz, destacó algunas de las 25 campañas del Programa Territorial Integrado de Objetivos 2006. De esta forma subrayó el plan de control de prevención de riesgos laborales en la construcción, donde se detectaron 890 infracciones, que provocó la paralización de 129 centros y el envío de 25 remisiones al Ministerio Fiscal.
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