El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado que la Inspección de Trabajo lleve a cabo, el próximo año, 5.803 acciones de prevención de riesgos en las diferentes medidas recogidas en el Acuerdo Estratégico en Prevención de Riesgos Laborales. Así se ha acordado tras la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha, que ha estado presidida por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco hoy en Toledo.
La Comisión es un órgano colegiado para la cooperación y colaboración mutua, de la Administración General del Estado y Castilla-La Mancha en materias que afecten a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Comunidad Autónoma. Se reúne una vez al año, normalmente a final de año, para hacer balance del cumplimiento del programa del año en curso y aprobar la programación para el año siguiente.
En la comisión se ha visto que la tasa de incidencia de accidentes durante el periodo de enero a septiembre de 2017 se ha reducido un 3,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, la tasa de accidentes graves se ha reducido un 6,8% y la de accidentes mortales ha bajado un 12,6%. Una vez se aprueben los presupuestos para 2018, la inversión dirigida a prevención de riesgos laborales se habrá incrementado cerca de un 60%, destinando casi 600.000 euros más que en 2015.
La principal novedad este año es que todas las actuaciones previstas dentro de la parte programada se incardinan en las diferentes medidas recogidas en el Acuerdo Estratégico regional de Prevención de Riesgos Laborales de modo que la programación resulta plenamente coherente con el marco general que facilita el Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales.
Las principales novedades en la programación del área de prevención de riesgos laborales para el año 2018 pasan por avanzar en el diseño de las campañas inspectoras; incrementar las actuaciones de control sobre la actividad de los servicios de prevención; programar una campaña específica de control sobre las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que prestan servicios en empresas con altos niveles de temporalidad justificada, y la realización de una campaña específica para el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las cadenas de subcontratación.
Además, en los próximos meses, se va a desarrollar una campaña europea diseñada por el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo que tendrá por objeto el control de las condiciones de seguridad de los trabajadores puestos a disposición por ETTs en empresas.
También se aumentan las órdenes de servicio de la Inspección de Trabajo para combatir el fraude en la contratación, en contratos formativos y en el control de la jornada en los contratos a tiempo parcial. Se van a volver a lanzar actuaciones de control sobre trabajadores puestos a disposición por ETT en empresas usuarias con uso intensivo dirigidas a posibilitar un trasvase de trabajadores desde la ETT a la plantilla de la usuaria si se determinara la excesiva temporalidad en la misma. Y se incrementan de modo significativo las actuaciones previstas en integración laboral de personas con discapacidad.
En el área de igualdad efectiva entre mujeres y hombres se mantiene un potente programa dirigido a la corrección de la brecha salarial; se incrementan también las actuaciones dirigidas a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, así como las actuaciones dirigidas a la verificación del cumplimiento con los derechos de conciliación de los trabajadores y trabajadoras de la región.
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