El grupo socialista en el Consistorio burgalés asegura que el Ayuntamiento no tenía contrato en vigor con la empresa encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral en las obras municipales cuando se produjo el accidente en un local de la calle Sauce -el pasado 13 de enero-, en el que fallecieron 10 trabajadores de la empresa Arranz-Acinas. Según señaló ayer el concejal del PSOE Antonio Fernández Santos, el contrato con la empresa terminó «sin posibilidad de prórroga» el pasado 31 de diciembre.
«Igual que se les olvidó la prórroga del contrato de la sal o hacer un nuevo contrato del alumbrado, o se les olvidó que tenían que sacar a concurso la empresa que tenía la obligación de seguir los planes de seguridad y salud», criticó Fernández Santos, en referencia a los concejales del equipo de Gobierno, del Partido Popular. Respecto a la imposibilidad de prorrogar el contrato, la concejala de obras del Ayuntamiento de Burgos, Cristina Ayala, hizo referencia a este asunto tras la comisión en la que se aprobaron los nuevos pliegos para contratar empresas de vigilancia de Seguridad y Salud.
Ayala citó la Ley de Contratos del Estado y afirmó que «cuando la obra principal sigue, se entiende que estos contratos auxiliares también siguen vigentes».
La edil también explicó que para obras que han comenzado en una fecha posterior a la finalización del contrato, el Consistorio ha debido contratar de forma específica el plan de seguridad. Precisamente, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos aprobó ayer el pliego de condiciones para contratar a dos empresas que realizarán el control y vigilancia de la seguridad laboral en obras municipales, tanto de ejecución directa como contratadas a empresas externas.
Tendrán como misión, según explicó el concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, «supervisar toda la realización de los trabajos que se ejecuten».
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
