La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso este medio.
Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.
Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.
Sentencia del Tribunal Supremo
Como ya publicamos hace apenas dos semanas el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.
Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados.
Una provisionalidad… de 16 años
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica Azparren.
Pero 6 años después y según fuentes especializadas, muchas de las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos” y además tienen en el horizonte la obligación de dejar de ser propiedad de las mutuas. Esto servicios de prevención están barajando diversas posibilidades antes la posible y previsible pérdida del puesto de trabajo como la búsqueda de compradores , o que algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa.
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