Según el escrito de la Fiscalía al que se tuvo acceso, los cinco hombres -que desempeñaron- los cargos de representante, responsable de calidad y director de la fábrica- incurrieron en dos delitos contra los derechos de los trabajadores, en concurso con dos delitos de lesiones.
Siempre según estas fuentes, la evaluación de riesgos realizada en 1999 en la empresa detectó un riesgo “moderado” de exposición a sustancias nocivas y tóxicas y a agentes químicos. En la misma, se instaba a instalar una extracción localizada en las máquinas dosificadoras de arena.
Pese a la “manifiesta” existencia de riesgo de las mediciones ambientales, la empresa “no adoptó ningún tipo de medida técnica o de protección colectiva, centrándose en su actuación en la utilización de mascarillas por los trabajadores”.
Como consecuencia de la infracción, la empresa fue sancionada con 6.000 euros. Según el escrito, en el año 2002, “una vez que los trabajadores enfermaron” se procedió a la instalación de máquinas extractoras y a la sustitución del sistema de captación de arena. Además, el representante de la compañía se limitó únicamente a cada uno de los dos trabajadores enfermos con con 300.000 euros, así como al Sespa en el importe de los gastos asistenciales.
Interesa además que actúen como responsables civiles directas las compañías aseguradoras de los acusados y de la empresa; que se aporte el expediente completo de la Inspección de Trabajo y el informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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