La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha lamentado las dificultades habidas al investigar los casos de siniestralidad laboral porque el perjudicado, según subraya, “no sólo renuncia al ejercicio de la investigación legal que pueda corresponderle sino que, en numerosas ocasiones, entorpece la investigación al negar incluso las circunstancias reales que rodean al hecho lesivo”.
Esta actitud del trabajador puede deberse “bien para evitar las consecuencias negativas en su relación con el empresario, bien porque ha sido previamente indemnizado en el ámbito privado o bien porque la relación laboral no se encuentra debidamente regularizada”.
Para el Ministerio Público, esta situación “incide en la necesidad de que el fiscal persista en su empeño por perseguir esta clase de infracciones”, como concreta la Fiscalía en su memoria correspondiente al año 2002, en la que lamenta el “resultado desalentador” causado por la citada actitud de entorpecimiento por parte de los afectados.
Pese a todo, la Fiscalía del alto tribunal andaluz incoó durante el pasado año un total de 674 diligencias previas por siniestralidad laboral, la mayor parte de las cuales –649– se debió a casos contra la seguridad e higiene en el trabajo, y entre las que también figuraron 15 diligencias por lesiones por accidente laboral y ocho por homicidio imprudente, así como dos escritos de acusación por delitos contra los derechos de los trabajadores.
Según la memoria del Ministerio Fiscal andaluz, “más dificultad ha planteado la calificación de los hechos como constitutivos exclusivamente del delito de riesgo”, en torno al cual se ha detectado una “problemática planteada por la tradicional inaplicación de los delitos de riesgo de los artículos 316 a 318 del Código Penal”.
La Fiscalía hace también referencia a diversos juicios celebrados en varios juzgados de lo social referidos a situaciones de acoso moral a trabajadores, como también señala que no hubo ninguna denuncia por este tipo de acoso en el ámbito estrictamente penal, si bien constata la “preocupación” detectada entre representantes sindicales “por la frecuencia de esta lamentable situación laboral”.
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