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Amianto, un problema laboral convertido en un problema de salud pública

Amianto, un problema laboral convertido en un problema de salud pública

220 trabajadores fallecidos por su contacto con el amianto. Esa es la cifra de las víctimas que han contactado con la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi en un momento dado de su enfermedad y posteriormente han muerto. Es un dato que se arrastra desde 2008, pero que no se corresponde con la realidad. La cifra real es mucho mayor ya que muchos trabajadores que estuvieron expuestos al amianto han fallecido sin saber que su dolencia (probablemente cáncer) se debió al amianto.

Se trata de una cantidad que también está por debajo del único estudio hecho con rigor que habla solo de los fallecidos por mesotelioma, sin contar otras enfermedades en las que resulta más difícil aclarar la implicació del amianto, como son diferentes cánceres de pulmón, laringe, peritoneo, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas (o lo han estado) al amianto o asbesto en su lugar de trabajo. Con esas cifras, la OMS calcula que en las próximas décadas morirán 107.000 trabajadores al año. En España se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las próximas décadas lo harán 40.000 más. Así, ademas de un problema laboral, la afección del amianto se ha convertido en un problema de salud pública que cada vez va a ir a más.

Y en un intento de compensar a las víctimas (que muchas veces tienen que pelear en los juzgados las indemnizaciones), el Parlamento Vasco ha vuelto a solicitar al Congreso la aprobación de una ley cuyo objetivo sería la creación de un fondo de compensación. Este fondo debería aliviar la situación de todas las victimas del amianto y sus familiares, acabando con los largos procesos judiciales y amparando a todas aquellas personas afectadas que por diversas razones no tienen a que empresa reclamar. La previsión es un gasto anual de entre 200 y 210 millones de euros en compensaciones, a razón de entre 100.000 y 150.000 euros por cada víctima, según su nivel e incidencia de la enfermedad.

Con esta son ya tres las veces, que el Parlamento de Vitoria realiza la misma petición. En las dos anteriores ocasiones, no fue posible la aprobación de dicho proyecto de ley por diversas causas. Pero en todas ellas han podido más "las razones de los intereses partidistas de los diferentes Gobiernos del Estado, y todo ello a pesar de la posición unánime de todos los partidos de la cámara vasca". Así lo asegura Jon García, l.a persona elegida por todas las asociaciones de víctimas del amianto de España para trabajar codo con codo con los partidos en la ley que dará luz verde al fondo.

La propuesta de la ley comenzó su andadura tras la creación de la ponencia en el año 2013, en la que participaron lsindicatos de trabajadores, sindicatos empresariales, colegio de médicos, asociaciones de víctimas y diversos especialistas en amianto.

Tras su aprobación en el Parlamento Vasco, la propuesta fue registrada en Madrid , en marzo del 2017 y rechazada por el Gobierno (entonces dirigido por Mariano Rajoy). Más tarde y en una segunda ocasión, el 10 de octubre del mismo año,  la propuesta fue apoyada por el Pleno del Congreso pasando a la mesa del Congreso la tramitación de la misma, y tras tenerla retenida durante un año, pasó por fin a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde comenzó su discusión.




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