El líder de IU, Gaspar Llamazares, anunció ayer que esta formación pedirá al Consejo General del Poder Judicial que investigue la sentencia que ha negado la indemnización a un albañil, Enrique Pociños, -que quedó tetrapléjico en un accidente laboral- al considerar que «aceptó voluntariamente el riesgo de precipitarse al vacío».
Llamazares declaró que esta sentencia, dictada por la Audiencia de Barcelona, es una «aberración» y un «escándalo social», que «no tiene nada que ver con la ley» sino «con el prejuicio y el interés». «Resulta ahora que los accidentes laborales son responsabilidad exclusiva de los propios trabajadores», agregó Llamazares, para quien esta decisión no sólo vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sino que es contraria «a cualquier racionalidad jurídica».
También en el seno de los sindicatos mayoritarios el fallo judicial ha causado estupor. Cándido Méndez, secretario general de UGT, la calificó de «retrógrada, inadmisible y grotesca» mientras que desde Comisiones Obreras se indicó que es «intolerable y un despropósito jurídico porque legitima la vulneración de los convenios por los empresarios de la construcción».
El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró, por su lado, no coincidir con la sentencia, si bien puntualizó que todavía no conoce el texto íntegro.También el conseller de Trabajo de la Generalitat de Cataluña se mostró en contra.
Reacciones en Cantabria
En Cantabria, las reacciones no se hicieron esperar. El Gabinete de Salud Laboral de UGT criticó con dureza el fallo judicial diciendo que éste generará una profunda alarma social porque se culpa al trabajador de un accidente originado única y exclusivamente por la dejadez y la irresponsabilidad de un empresario que no respetó la ley.
Desde esta central se añadió que la sentencia confirma una notable ignorancia del juez de la propia dinámica de la realidad laboral. «Es como decir que un automovilista es culpable de cualquier percance en la carretera porque tienta a la suerte por desplazarse en coche y no hacerlo a pié».
UGT de Cantabria recordó, por otro lado, que en las decisiones de los trabajadores -cuando estos no disponen de contratos con garantías-, «influye e influirá la coacción. Un juez con un mínimo sentido lógico tendría que llegar a entender la aceptación de una tarea, aunque en ella no se den una medidas de seguridad adecuadas».
Por último, el secretario de salud laboral de CC OO, Jesús Puente, calificó de «aberrante y más propia del siglo XIX» la sentencia. El dirigente sindical explicó que ésta «se ciñe al ámbito penal y que no anula las obligaciones que aparecen recogidas en la vigente legislación laboral que, en su aspecto fundamental, establece que el deber de seguridad de los trabajadores recae sólo en el empresario».
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
