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Atención domiciliaria a personas dependientes: un trabajo con serios problemas de salud laboral

La atención de la discapacidad supone en España más de 12 millones de horas de trabajo remunerado a la semana. Se trata de una actividad laboral en expansión, poco regulada, poco visible y que entraña riesgos específicos en condiciones de trabajo bien particulares.
Atención domiciliaria a personas dependientes: un trabajo con serios problemas de salud laboral


La atención de la discapacidad supone en España más de 12 millones de horas de trabajo remunerado a la semana. Se trata de una actividad laboral en expansión, poco regulada, poco visible y que entraña riesgos específicos en condiciones de trabajo bien particulares. Los testimonios de las Delegadas de Prevención de distintas empresas de atención a domicilio apuntan la necesidad de mejorar muchas cosas: desde las condiciones sociolaborales hasta los protocolos de información sobre los usuarios que atienden.

La mayor parte de la atención a las personas dependientes se realiza en los domicilios. La paga una administración pública pero la llevan a cabo empresas privadas en régimen de subcontratación. La jornada típica de un auxiliar de ayuda a domicilio consta de una serie de servicios, cada uno de entre 60 y 120 minutos de duración. Las tareas más comunes que abordan estas trabajadoras –en su mayoría mujeres– son el aseo de la persona dependiente, limpieza del domicilio, cocina, compras o gestiones diversas y apoyo psicosocial.

Son pocas las trabajadoras que cuentan con contratos de 35 horas semanales. La temporalidad es muy elevada. Lo explican ellas mismas con gran claridad: “Hay mucha gente que se quema y se va, y como los imprevistos se producen continuamente, a la empresa le interesa tener una plantilla muy amplia, de gente que haga pocas horas y que siempre esté disponible para hacer horas extras”. La amenaza de que la empresa pierda la subcontrata es la espada de Damócles: “La empresa puede estar de acuerdo con nosotros –manifiestan las trabajadoraspero para solucionar la mayoría de problemas que se nos presentan es necesario exigir a la Administración que ejerza de otra manera sus funciones. Si damos mucho la lata podemos perder la contrata en la próxima convocatoria”. Esa es la creencia generalizada.

Los recursos que la Administración destina son insuficientes para atender las demandas de las personas dependientes y, sin embargo, la propaganda institucional de estos servicios confunde al usuario que piensa que “se lo van a solucionar todo”. El contexto diario es un agotador tira y afloja sobre lo que “yo como trabajadora puedo hacer” y lo que “el usuario realmente necesita”, con el agravante de trabajar solas y en situaciones frente a las que a veces se sienten impotentes.

Las empresas programan los servicios en función de lo que la Administración ha decidido que el usuario necesita. Pero ¿qué ocurre cuando la ayuda concedida no se ajusta a las necesidades del usuario? “Sólo tienes una hora y media de servicio de aseo con un usuario llagado y la enfermera que ha ido a curarle te dice que eso se soluciona con mucha movilidad. ¿Cómo hacer el aseo y asegurar una adecuada movilidad en una hora y media diaria?” se pregunta la trabajadora. La red de atención sanitaria a domicilio es insuficiente y estas trabajadoras asumen funciones para las que no están preparadas. Esto contrasta con el hecho de que para trabajar en la atención domiciliaria no se exija ninguna cualificación. El colectivo lleva años reivindicando la necesidad de una formación adecuada pero empresas y Administración se resisten: “Exigir cualificación significa incrementar los salarios y esa es la razón por la que la Administración no toma la iniciativa”.

Otra fuente de tensiones es la forma en que se gestiona la atención domiciliaria en sí. La Administración subcontrata y, excepto honrosas excepciones, se olvida. ¿Quién le explica al usuario las funciones que la auxiliar debe realizar en ese domicilio en concreto? “A lo mejor a una persona le han concedido un servicio de compra y tú llegas allí y te dice que le ha comprado su vecina y que lo que quiere es que le hagas una tarea de limpieza que no tiene nada que ver con su autonomía. ¿Qué haces? Si das problemas a la empresa, mal, y si la empresa interviene, a lo mejor también mal, porque luego el usuario se queja a la Administración”.

La falta de adaptación de los domicilios es una situación común. Un estudio reciente entre 500 usuarios, revelaba que sólo un 12,9% de las casas reunían las condiciones adecuadas. Por ejemplo, sólo un 6,45% disponía de cama articulada y únicamente un 16,13% contaba con agarraderas en el plato de ducha.

La relación con los familiares también suele crear problemas. Por ejemplo, ¿quién decide cuál es la forma adecuada de prestar un servicio de aseo a una persona inmovilizada? Puede que el criterio de los profesionales no coincida con el de los familiares, y puede que el de los familiares entrañe riesgos para la salud de los trabajadores, pero ¿cómo hacer una evaluación de riesgos del puesto cuando se trabaja en un espacio, el domicilio, que la Constitución Española señala como inviolable? Este es un problema serio para los Delegados de Prevención de estas empresas.

Otra dificultad importante se deriva de la falta de información sobre las enfermedades infecto-contagiosas que eventualmente padecen los usuarios: “No hay un protocolo de información sistemático. Atendemos a usuarios sin saber las enfermedades que padecen. Entramos en domicilios donde hay animales que no sabemos si están vacunados y se han dado casos de mordeduras”.

Las trabajadoras también relatan episodios gratificantes que muestran usuarios y familias con muy buena voluntad. Pero en este sector, tan de futuro, tan relevante para la concepción que las sociedades tienen de sí mismas, ese parece ser el principal problema, que todo está sujeto a la buena voluntad de las personas que reciben o prestan asistencia.

Berta Chulví - Revista Por Experiencia - ISTAS




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