El título de este artículo es una invitación a la reflexión colectiva sobre un grave problema que sufre diariamente nuestra sociedad: la siniestralidad laboral.

Las cifras de los accidentes laborales Desde 1995, año que entró en vigor la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales han aumentado cada año en Navarra una media del 11%, hasta llegar a un 55% en los últimos cinco años. Es decir, que de 9.887 accidentes de trabajo registrados en Navarra en 1996 se ha pasado a 15.536 en el año 2000.

De estos datos cabe destacar que el año pasado 46 trabajadores perdieron la vida a causa de un accidente laboral y 198 sufrieron accidentes muy graves. La tendencia de la siniestralidad laboral en los ocho primeros meses de este año es igual de desalentadora: 10.756 accidentes, de los cuales 148 han sido graves y 12 mortales.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El contenido de la LPRL proviene de la Directiva Marco de Seguridad y Salud que se consensuó por los agentes sociales y los gobiernos europeos, la cual, a su vez, supuso la adaptación de nuestro país a las exigencias normativas internacionales. Se hizo así una ambiciosa apuesta por la modernidad, por parte de un país verdaderamente desarrollado, intentando producir un cambio radical en las actuaciones de seguridad y salud en el trabajo, pasando de una política defensiva y protectora ante los siniestros laborales a una cultura auténticamente preventiva. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la LPRL, las tasas de siniestralidad laboral han mantenido una constante tendencia al alza.

Entonces cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que con una moderna herramienta como la LPRL no se reduzcan los accidentes laborales? La respuesta es bien sencilla: esa norma ni se cumple ni se implanta adecuadamente por parte de los empresarios.

Incumplimiento de la ley El INSL, las Mutuas, la Inspección de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO trasladaron a la Comisión Especial sobre siniestralidad laboral del Parlamento de Navarra, los siguientes y reveladores datos:

-El 93% de las pequeñas y medianas empresas desconoce o incumple la LPRL.

-El 70% de las empresas no adopta medidas correctoras después de que acontezca un accidente laboral.

-Sólo el 7% de las empresas explica a sus empleados los riesgos específicos de su puesto de trabajo.

-Según otro estudio de UGT, la mayoría de las máquinas utilizadas en el sector del metal de Navarra no cumplen con la normativa vigente.

-Los recursos humanos y materiales destinados a la Prevención son insuficientes.

-Sólo un 34% de empresas expresaron su compromiso de acometer un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

-Según la Inspección de Trabajo, después de investigar los siniestros graves y mortales comprobó que en la mitad de los mismos se produjo un incumplimiento de la normativa, y que la causa directa del 30% de esos siniestros fue por dicho incumplimiento.

Estos datos ponen de manifiesto el incumplimiento sistemático y a veces deliberado de la LPRL por parte de los empresarios.

¿Quiénes son los responsables de ese incumplimiento?

Los empresarios tienen que cumplir y aplicar la ley, sobre ellos pesa un deber de seguridad y protección de sus empleados, pues la salud laboral es considerada como un derecho de los trabajadores y un deber de los empresarios. Pero, quien tiene la responsabilidad última sobre esta cuestión es la Administración Pública, en nuestro caso el Gobierno Foral. Pues éste es quien en el ejercicio de sus facultades y obligaciones tiene el deber de velar por la divulgación, cumplimiento e implantación de la ley, poniendo todos los medios y recursos necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo de todos los trabajadores/as navarros.

La pasividad del Gobierno Foral ante este problema Sería tendencioso por mi parte pretender señalar al Gobierno de UPN como el culpable de los accidentes laborales, pues con los gobiernos anteriores también se producían y lamentablemente seguirán produciéndose con los sucesivos. Pero sí creo que este Gobierno es el responsable del imparable incremento de esos accidentes y que su política está siendo ineficaz para reducirlos.

En salud laboral el Gobierno de Navarra no ha diseñado ninguna política tendente a superar la etapa de los diagnósticos. Pues durante los seis años de vigencia de la ley, el Ejecutivo sólo se ha dedicado a realizar innumerables planes y estudios con el fin de conocer los riesgos existentes en las empresas (todos de gran utilidad), pero después de ese tiempo, aún no se conocen las medidas de choque que implantará el Gobierno para reducir las altas tasas de siniestralidad laboral o las actuaciones para velar por el cumplimiento íntegro de la LPRL. Máxime, cuando todos esos estudios revelan que el incumplimiento de la ley por parte de los empresarios es el mayor obstáculo para reducir los índices de siniestralidad laboral. Entonces, ¿a qué espera el Gobierno para actuar más directamente sobre ese asunto?

En una Interpelación que sobre este problema formuló recientemente el grupo parlamentario socialista al Gobierno, el consejero de Salud Santiago Cervera, en su respuesta, se limitó a explicar “que el Ejecutivo nunca estará satisfecho con los resultados de la siniestralidad laboral, que los datos de los accidentes laborales de este año han aumentado algo menos que en el mismo periodo del año anterior, y que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para atajar este problema”. Concluyendo con esta afirmación: “no creo en los análisis ni en las medidas que el Parlamento de Navarra aprobó para frenar la siniestralidad laboral”. Por cierto, aquellas medidas fueron también apoyadas por UPN. Pero ese desprecio de los actuales gobernantes a las decisiones adoptadas en esa institución representativa de la voluntad popular, es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados.

Sin embargo, nada de lo planteado en la Interpelación fue contestado, al menos, nada que pudiera tranquilizar a una sociedad cansada ya de tantas palabras huecas, de demasiados accidentes laborales y de familias truncadas por la tragedia de la inseguridad laboral.

¿Por qué se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

Desde determinados ámbitos empresariales, inspectores de trabajo y sectores políticos conservadores, se está extendiendo la temeraria idea de que esta ley es demasiado ambigua y por ello difícil de cumplir. Si a esa opinión se une la ya escasa conciencia empresarial para realizar la prevención de riesgos en sus empresas, (pues también la consideran un obstáculo para la productividad) es muy probable que esa ley esté siendo boicoteada precisamente por quienes tienen que cumplirla y quienes tienen que velar por su cumplimiento, con el consiguiente riesgo de que en el corto o medio plazo la LPRL pueda quedar en papel mojado.

Pero aquellos que tienen esa errónea opinión deben saber que cualquier alternativa a la actual norma pasa necesariamente por el cumplimiento de las directivas europeas en las que se basa nuestra LPRL, las cuales obligan a destinar todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos laborales en las empresas. Es decir, que podemos empeñarnos en cambiar esta ley o hacer otra “menos ambigua”, pero al final no evitaremos que su aplicación también tenga dificultes, ni se conseguirá hacerla más barata para los empresarios.

El problema no radica tanto en la ambigüedad o en el difícil cumplimiento de la norma, ni tampoco en lo más o menos cara que a los empresarios les pueda suponer su aplicación, sino en que la mayoría de nuestra sociedad sigue inmersa en una cultura reparadora que asume niveles muy altos de riesgo y no se cuestiona el elevado coste humano y material que producen los accidentes. Y mientras no seamos capaces de provocar el cambio hacia una sociedad previsora, los avances en esta materia serán más lentos que en los demás países desarrollados. Por esta razón nos encontramos a la cabeza de Europa en lo relativo a accidentes laborales.

Mientras tanto, la mayoría de los países europeos han conseguido reducir las tasas de siniestralidad laboral en un 20%, porque la cultura de la prevención la tienen integrada en las empresas al mismo nivel que los objetivos de calidad, y lo han conseguido aplicando una normativa igual a la española. ¿Por qué en Navarra, sin embargo, las tasas de siniestralidad se disparan año tras año?

Es evidente que muchos de los accidentes de trabajo pueden evitarse. Pero para conseguirlo, debemos empezar por defender y exigir el cumplimiento de la LPRL. Los sindicatos UGT y CCOO vienen haciendo un enorme esfuerzo en este sentido, y porque además esa ley les otorga un papel fundamental al respecto, cuando a través de la figura del delegado de prevención, los convierte en garantes de los derechos de los asalariados.

Pero ante los ataques que desde diferentes sectores está recibiendo la LPRL y ante el elevado grado de incumplimiento que se está produciendo por parte de muchas empresas, una buena defensa de la misma puede ser la de inundar la Inspección de Trabajo de denuncias por su incumplimiento. Con ello obligaríamos a la Administración a tensar todos sus recursos, forzando de paso una mayor vigilancia de la autoridad laboral para velar por el cumplimiento de la ley en las 16.000 empresas que existen en la Comunidad Foral.

No pretendo hacer una defensa de los instrumentos punitivos como única solución a este problema, pero creo que de esa forma se puede obligar a la Administración a redoblar los esfuerzos de asesoramiento e información tendentes a inculcar por esa vía la cultura preventiva a los empresarios navarros. Si con el Plan Diana se han reducido los accidentes laborales, ha sido fundamentalmente por el mayor control y presencia de la autoridad laboral en las empresas.

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Diario de Noticias – Fernando Viedma. Parlamentario Foral del PSN-PSOE

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Este contenido ha sido publicado en la sección Artículos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.

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