Parece indubitado, al menos nadie discute hoy la existencia de factores internos en el individuo que alteran su conducta y lo hacen vulnerable a los accidentes. En ocasiones estos tienen su origen lejano al trabajo o sin relación alguna con él y de ahí que se crea un estado de inseguridad fáctica tanto como jurídica.
En Chile hay un elevado número de accidentes con diversos resultados, por lo que debemos atender toda insinuación, propuesta o consejo, con miras al mejoramiento de la producción. Creemos que existen ciertas deficiencias en el gerenciamiento de la prevención de riesgos en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas.
Las empresas deben estar informadas para que puedan ser capaces de dar una respuesta eficaz ante la problemática de estos accidentes, incorporando a los sistemas de prevención de las empresas herramientas de evaluación y gestión de accidentes de trabajo, conociendo las responsabilidades en las que pueden incurrir las empresas y la forma de afrontarlas.
Al margen del delito contra la seguridad de los trabajadores y del homicidio imprudente o lesiones, existen otros delitos menos evidentes, que pueden cometerse en el ejercicio de la Prevención de Riesgos Laborales.
El ámbito penal actúa como ultima ratio, es decir únicamente ante hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de mecanismos de protección. En el presente artículo analizaremos la responsabilidad penal de los profesionales de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), es decir, de técnicos y sanitarios que desde un Servicio de Prevención o como trabajadores designados, actúan por encargo del empresario, para dar cumplimiento a sus obligaciones legales en la materia.
La elección de la Jurisdicción adecuada para la resolución de las reclamaciones de responsabilidad civil por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ha sido un tema controvertido y problemático desde los años ochenta.
Todas las personas involucradas en los trabajos que requieren del uso de un Permiso de Trabajo son responsables del cumplimiento de lo estipulado en el mismo debiendo asegurarse de que todas las medidas preventivas hayan sido tomadas antes de comenzar los trabajos y mantenidas durante todo el tiempo que duren los mismos.
A pesar del título, el objetivo de este artículo no es entrar a discutir si las normas UNE en el mundo de la prevención de riesgos en la construcción son de obligado cumplimiento o no.
Si queremos hacer un análisis real y objetivos de las causas del siniestro ocurrido en Mina San José, no puede quedar fuera un asunto de fondo que se relaciona con el cuestionamiento a la pasividad de ciertos entes corporativos, públicos y privados, y también a las omisiones en la aplicación de la Ley vigente, que constituye el fundamento de la responsabilidad civil y penal que les pudiera ser imputada.
Sabemos la importancia que tiene la reconstrucción mediática de un hecho social. Su valor simbólico final depende en gran medida de cómo haya sido construido por la comunicación social. ¿Qué significado se desprende de esta operación de reconstrucción mediática?
El Ministerio de Justicia se encuentra elaborando un nuevo anteproyecto de ley de procedimiento laboral con la incorporación de nuevas reglas para una más ágil y efectiva resolución de los conflictos laborales. Se pretende, previo debate en las Cortes, que la nueva ley entre en vigor a finales de 2010
La respuesta no es tan evidente. Una campaña que está desarrollando el Gabinete de Salud Laboral de Castilla y León pone de manifiesto la gran desinformación que tienen los médicos sobre el Cuadro de Enfermedades Profesionales y sus consecuencias. Lo nuevo es que la información se ofrece cara a cara, en un programa de visitas a los centros de atención primaria donde se charla directamente con los médicos.
Los accidentes laborales provocan innumerables daños no sólo al trabajador –que puede desde resultar levemente lesionado hasta perder la vida- sino también a la empresa para la que presta sus servicios.
