El Gobierno no destinará más fondos públicos al nuevo modelo de Inspección laboral recogido en el proyecto de ley de Reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pesar de que la norma prevé la creación de una nueva escala de subinspectores.
Las medidas previstas por el Ministerio de Empleo serán atendidas con los importes correspondientes a las dotaciones presupuestarias actualmente existentes y no supondrán incremento de dotaciones ni de retribuciones ni otros gastos de personal.
La creación de una nueva escala de Seguridad y Salud dentro del Cuerpo de Subinspectores laborales no conllevará un incremento del gasto público, ya que las características y retribuciones de estos funcionarios serán las mismas que las de los actuales subinspectores y su acceso al cuerpo se hará en condiciones de igualdad y progresivamente, según se vayan aprobando nuevas ofertas de empleo dentro del sistema.
Así, los actuales subinspectores se centrarán en materias de empleo y seguridad social, junto con nuevas facultades en materia de contratación y trabajo de menores, mientras que la nueva escala estará formada por funcionarios de ingresos en convocatoria libre pero también de promoción interna dentro de los diferentes cuerpos de funcionarios que reúnan requisitos de titulación y otros reglamentariamente establecidos.
De hecho, si esta medida reporta algún impacto presupuestario será en positivo para las arcas públicas, ya que el Gobierno considera que la creación de esta escala, especializada en la prevención de riesgos laborales, junto con la generalización del principio de trabajo programado y en equipo reportarán más eficiencia y racionalidad a la distribución de las tareas inspectoras.
El Ministerio de Empleo opta por tanto por dividir en dos escalas el actual Cuerpo de Subinspectores en lugar de crear un nuevo cuerpo para contar con personal técnico formado en materia de seguridad y salud sin incrementar con ello el gasto.
Con respecto a los cambios en la organización administrativa de la Inspección, que pasará de ser una Dirección General dentro del Ministerio de Empleo a un organismo autónomo, el Ejecutivo descarta también que vaya a producirse un incremento de costes, ya que se asignarán al nuevo ente los fondos previstos en un programa de la actual Inspección, dotado el año pasado con 145,55 millones de euros, y a otras partidas presupuestarias ya existentes.
El Gobierno subraya que el nuevo registro integrado de personal inspector se sufragará con cargo a los medios personales actuales de la Inspección, mientras que la posibilidad de que los inspectores acudan acompañados por peritos o expertos ya está previsto en la normativa en vigor, por lo que no supondrá incremento alguno de necesidades económicas.
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